La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
La magistrada Irene Rodríguez, actualmente suspendida por su presunta responsabilidad en la liberación del sicario Alberto Mejía, ha centrado su estrategia en demostrar que no hubo dolo en su actuación, sino un error administrativo sin intenciones ilícitas. Su defensa se basa en que el incidente fue derivado del uso de formularios judiciales estandarizados, según declaró a su entorno. En una segunda comparecencia ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez como imputada formal, Rodríguez decidió solicitar apoyo de la Defensoría Penal Pública para reforzar su defensa. Inicialmente había optado por enfrentar el proceso sin abogado y colaborar al máximo con la investigación, autorizando el levantamiento de su secreto bancario y entregando voluntariamente sus dispositivos tecnológicos a Fiscalía. La decisión de ser representada por un abogado del organismo responde a la complejidad del proceso y las posibles consecuencias legales que enfrenta. La principal acusación contra Rodríguez apunta a una supuesta prevaricación culposa por un presunto error en la resolución que dictó prisión preventiva, donde el apellido de Mejía fue mal registrado. Desde la defensa se insiste en que la jueza siguió los procedimientos administrativos estándar y no hubo omisión dolosa ni intención de beneficiar al imputado. La entrega de sus cuentas bancarias busca demostrar transparencia en su actuar y eliminar cualquier sospecha de cohecho o pago irregular. El caso también involucra a una funcionaria judicial y siete gendarmes como imputados, a quienes se les acusa de no haber detectado o alertado oportunamente el error que permitió la liberación. Sin embargo, se reconoce que fue una funcionaria de Gendarmería quien identificó la discrepancia en el nombre, lo que destapó la cadena de errores administrativos. Fuente: CNN Chile País
El fiscal nacional Ángel Valencia se pronunció este jueves sobre el papel del Ministerio Público en la búsqueda de Martín de los Santos Lehmann, acusado de agredir a un trabajador de la tercera edad en un edificio de Vitacura, Región Metropolitana. A pesar de que el lunes se dictó su prisión preventiva, el imputado no se encuentra cumpliendo la medida, ya que abandonó el país la semana pasada con destino a Brasil. Ante esta situación, se emitió una alerta internacional para su captura. “Según la información que nos ha entregado la policía, ese imputado se encontraría fuera del país. Por lo tanto, son las autoridades del país en el que se encuentra las que pueden ubicarlo y posteriormente practicar su detención, en caso de que esta se hubiese solicitado”, señaló Valencia. En este sentido, el jefe del Ministerio Público explicó que la Fiscalía no tiene competencias extraterritoriales, pero aseguró que se han iniciado las gestiones necesarias para lograr su comparecencia ante la justicia chilena. “Nuestras atribuciones como autoridades chilenas escapan de ese margen, pero la comunidad puede contar con que la Fiscalía va a hacer todas las gestiones necesarias para que esa persona comparezca ante la justicia chilena”, agregó. Respecto al paradero del empresario, Valencia mencionó que “según la información que ha trascendido en la prensa estaría, al parecer, en Brasil”, aunque prefirió no entregar mayores detalles al respecto. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
La magistrada Irene Rodríguez, actualmente suspendida por su presunta responsabilidad en la liberación del sicario Alberto Mejía, ha centrado su estrategia en demostrar que no hubo dolo en su actuación, sino un error administrativo sin intenciones ilícitas. Su defensa se basa en que el incidente fue derivado del uso de formularios judiciales estandarizados, según declaró a su entorno. En una segunda comparecencia ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez como imputada formal, Rodríguez decidió solicitar apoyo de la Defensoría Penal Pública para reforzar su defensa. Inicialmente había optado por enfrentar el proceso sin abogado y colaborar al máximo con la investigación, autorizando el levantamiento de su secreto bancario y entregando voluntariamente sus dispositivos tecnológicos a Fiscalía. La decisión de ser representada por un abogado del organismo responde a la complejidad del proceso y las posibles consecuencias legales que enfrenta. La principal acusación contra Rodríguez apunta a una supuesta prevaricación culposa por un presunto error en la resolución que dictó prisión preventiva, donde el apellido de Mejía fue mal registrado. Desde la defensa se insiste en que la jueza siguió los procedimientos administrativos estándar y no hubo omisión dolosa ni intención de beneficiar al imputado. La entrega de sus cuentas bancarias busca demostrar transparencia en su actuar y eliminar cualquier sospecha de cohecho o pago irregular. El caso también involucra a una funcionaria judicial y siete gendarmes como imputados, a quienes se les acusa de no haber detectado o alertado oportunamente el error que permitió la liberación. Sin embargo, se reconoce que fue una funcionaria de Gendarmería quien identificó la discrepancia en el nombre, lo que destapó la cadena de errores administrativos. Fuente: CNN Chile País
El fiscal nacional Ángel Valencia se pronunció este jueves sobre el papel del Ministerio Público en la búsqueda de Martín de los Santos Lehmann, acusado de agredir a un trabajador de la tercera edad en un edificio de Vitacura, Región Metropolitana. A pesar de que el lunes se dictó su prisión preventiva, el imputado no se encuentra cumpliendo la medida, ya que abandonó el país la semana pasada con destino a Brasil. Ante esta situación, se emitió una alerta internacional para su captura. “Según la información que nos ha entregado la policía, ese imputado se encontraría fuera del país. Por lo tanto, son las autoridades del país en el que se encuentra las que pueden ubicarlo y posteriormente practicar su detención, en caso de que esta se hubiese solicitado”, señaló Valencia. En este sentido, el jefe del Ministerio Público explicó que la Fiscalía no tiene competencias extraterritoriales, pero aseguró que se han iniciado las gestiones necesarias para lograr su comparecencia ante la justicia chilena. “Nuestras atribuciones como autoridades chilenas escapan de ese margen, pero la comunidad puede contar con que la Fiscalía va a hacer todas las gestiones necesarias para que esa persona comparezca ante la justicia chilena”, agregó. Respecto al paradero del empresario, Valencia mencionó que “según la información que ha trascendido en la prensa estaría, al parecer, en Brasil”, aunque prefirió no entregar mayores detalles al respecto. Fuente: ADN Radio Nacional
