El jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció que se expropiará el terreno donde se encuentra la mega toma de San Antonio, luego de fallos judiciales que ordenaban el desalojo de la propiedad. Esta medida se tomó debido a la gran cantidad de personas que actualmente residen en el lugar. En respuesta a esta situación, Montes declaró en una entrevista con Radio Infinita que los ocupantes se comprometen a contribuir al proyecto habitacional. Según sus palabras: “Ellos aportan al fondo para la urbanización. Ya de hecho tienen (un monto) acumulado y ahora está en proceso de ver cómo se produce la constitución de este Fondo de Urbanización, que tiene que ser posterior al proceso de expropiación”. El ministro también abordó las críticas sobre el origen del dinero para la expropiación, desestimando las acusaciones de utilizar fondos destinados a proyectos no ejecutados. En este sentido, explicó que “siempre el ministerio tiene -en los Serviu- un presupuesto. Ese presupuesto se va ejecutando. A veces se ejecuta parcialmente y a veces totalmente. En el caso de asentamientos precarios, se cambiaron las reglas de juego para hacer los proyectos. Se demoraron meses en poder pasar todo el trámite para poder tener autorización. Por eso, hay varios proyectos que se atrasaron más de lo que debían”. Respecto a las negociaciones con los propietarios del terreno, Montes destacó que se intenta llegar a una expropiación concordada antes de recurrir al mecanismo legal establecido: “Normalmente se busca una expropiación concordada. Porque la expropiación es un mecanismo más rápido para llegar a un resultado. Usted se salta ciertos trámites. Aquí nosotros hablamos antes, le hicimos ver a los dueños, que era posible llegar a una expropiación concordada. No hubo acuerdo, y por lo tanto se usó el mecanismo que la ley establece para poder hacerlo”. Fuente: CNN Chile País
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ha detallado la estrategia presentada a la Corte de Apelaciones en una entrevista con CNN Chile Radio. Aunque se busca una salida voluntaria, el operativo policial para desalojar la denominada “megatoma” de San Antonio se postergaría hasta enero debido al despliegue de seguridad por las elecciones y las festividades de fin de año. El Gobierno ha ingresado oficialmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo para recuperar las 115 hectáreas que no formarán parte del proceso de expropiación anunciado para el desarrollo de un plan habitacional. Esto implica el retiro de aproximadamente 2.100 familias del sector. En una entrevista con CNN Chile Radio, Yanino Riquelme, delegado presidencial de la Región de Valparaíso, confirmó que el documento fue presentado estableciendo los lineamientos operativos para cumplir con el dictamen judicial y gestionar la crisis social derivada de la ocupación. “Esto va en paralelo con el anuncio que se ha hecho respecto del plan habitacional. De las 215 hectáreas aproximadamente que están ocupadas, cerca de 100 o 110 son las que se van a necesitar para el plan habitacional y, por lo tanto, debemos avanzar con un plan para desocupar el resto”, explicó Riquelme. El Gobierno ha manifestado su intención de actuar “a la brevedad posible”, pero las restricciones logísticas por las elecciones y festividades imponen ciertos obstáculos. Riquelme señaló que las próximas semanas presentan “complejidades” debido a eventos como la procesión de Lo Vásquez, la segunda vuelta de gobernadores y las fiestas navideñas. La magnitud del asentamiento en San Antonio obliga a una ejecución fraccionada. La planificación se basa en “cuadrículas” de hectáreas para permitir un avance progresivo que incluirá el cierre perimetral inmediato de las zonas recuperadas. El Ejecutivo apuesta a que la definición de las zonas urbanizadas incentive el retiro pacífico de quienes quedaron fuera del perímetro destinado al plan habitacional. El catastro actual estima que cerca de 2.000 a 2.100 familias serán impactadas por el desalojo. Sobre el destino de estas familias, Riquelme reconoció la imposibilidad de ofrecer soluciones habitacionales definitivas inmediatas para tal volumen, por lo que se contemplan albergues transitorios. Respecto a las 100 hectáreas restantes destinadas al plan habitacional del Ministerio de Vivienda, se espera que quede dictado “antes del término del gobierno”. Fuente: CNN Chile País
El jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció que se expropiará el terreno donde se encuentra la mega toma de San Antonio, luego de fallos judiciales que ordenaban el desalojo de la propiedad. Esta medida se tomó debido a la gran cantidad de personas que actualmente residen en el lugar. En respuesta a esta situación, Montes declaró en una entrevista con Radio Infinita que los ocupantes se comprometen a contribuir al proyecto habitacional. Según sus palabras: “Ellos aportan al fondo para la urbanización. Ya de hecho tienen (un monto) acumulado y ahora está en proceso de ver cómo se produce la constitución de este Fondo de Urbanización, que tiene que ser posterior al proceso de expropiación”. El ministro también abordó las críticas sobre el origen del dinero para la expropiación, desestimando las acusaciones de utilizar fondos destinados a proyectos no ejecutados. En este sentido, explicó que “siempre el ministerio tiene -en los Serviu- un presupuesto. Ese presupuesto se va ejecutando. A veces se ejecuta parcialmente y a veces totalmente. En el caso de asentamientos precarios, se cambiaron las reglas de juego para hacer los proyectos. Se demoraron meses en poder pasar todo el trámite para poder tener autorización. Por eso, hay varios proyectos que se atrasaron más de lo que debían”. Respecto a las negociaciones con los propietarios del terreno, Montes destacó que se intenta llegar a una expropiación concordada antes de recurrir al mecanismo legal establecido: “Normalmente se busca una expropiación concordada. Porque la expropiación es un mecanismo más rápido para llegar a un resultado. Usted se salta ciertos trámites. Aquí nosotros hablamos antes, le hicimos ver a los dueños, que era posible llegar a una expropiación concordada. No hubo acuerdo, y por lo tanto se usó el mecanismo que la ley establece para poder hacerlo”. Fuente: CNN Chile País
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ha detallado la estrategia presentada a la Corte de Apelaciones en una entrevista con CNN Chile Radio. Aunque se busca una salida voluntaria, el operativo policial para desalojar la denominada “megatoma” de San Antonio se postergaría hasta enero debido al despliegue de seguridad por las elecciones y las festividades de fin de año. El Gobierno ha ingresado oficialmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo para recuperar las 115 hectáreas que no formarán parte del proceso de expropiación anunciado para el desarrollo de un plan habitacional. Esto implica el retiro de aproximadamente 2.100 familias del sector. En una entrevista con CNN Chile Radio, Yanino Riquelme, delegado presidencial de la Región de Valparaíso, confirmó que el documento fue presentado estableciendo los lineamientos operativos para cumplir con el dictamen judicial y gestionar la crisis social derivada de la ocupación. “Esto va en paralelo con el anuncio que se ha hecho respecto del plan habitacional. De las 215 hectáreas aproximadamente que están ocupadas, cerca de 100 o 110 son las que se van a necesitar para el plan habitacional y, por lo tanto, debemos avanzar con un plan para desocupar el resto”, explicó Riquelme. El Gobierno ha manifestado su intención de actuar “a la brevedad posible”, pero las restricciones logísticas por las elecciones y festividades imponen ciertos obstáculos. Riquelme señaló que las próximas semanas presentan “complejidades” debido a eventos como la procesión de Lo Vásquez, la segunda vuelta de gobernadores y las fiestas navideñas. La magnitud del asentamiento en San Antonio obliga a una ejecución fraccionada. La planificación se basa en “cuadrículas” de hectáreas para permitir un avance progresivo que incluirá el cierre perimetral inmediato de las zonas recuperadas. El Ejecutivo apuesta a que la definición de las zonas urbanizadas incentive el retiro pacífico de quienes quedaron fuera del perímetro destinado al plan habitacional. El catastro actual estima que cerca de 2.000 a 2.100 familias serán impactadas por el desalojo. Sobre el destino de estas familias, Riquelme reconoció la imposibilidad de ofrecer soluciones habitacionales definitivas inmediatas para tal volumen, por lo que se contemplan albergues transitorios. Respecto a las 100 hectáreas restantes destinadas al plan habitacional del Ministerio de Vivienda, se espera que quede dictado “antes del término del gobierno”. Fuente: CNN Chile País
