Las bancadas del Partido Republicano y de Chile Vamos han propuesto limitar el derecho a huelga únicamente a las negociaciones colectivas, lo cual implicaría modificar las normas que regulan la libertad sindical en el anteproyecto constitucional. Según informes de La Tercera, los representantes de la derecha han expresado su desacuerdo con la versión redactada por los expertos, argumentando que amplía el alcance de la huelga al sector público y permite que esta se lleve a cabo fuera de los periodos legales de negociación colectiva.

Ante esta situación, el consejero Jorge Ossandón ha manifestado su preocupación, señalando que la separación entre negociación colectiva y huelga para el sector privado parece inadecuada, y que resulta contradictorio promover la paralización de los funcionarios públicos, quienes desempeñan un papel fundamental en el servicio a todos los chilenos, especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, Ossandón ha destacado la importancia de escuchar a la sociedad civil y a los académicos antes de tomar una decisión como bancada.

Por su parte, el consejero Alexis Cortés, del oficialismo, ha enfatizado que el anteproyecto constitucional es aceptable en la medida en que logra un equilibrio frágil. Cortés ha destacado la consagración sólida de la libertad sindical y el trabajo decente en el texto, y ha explicado que la regulación de la huelga se ha establecido de manera coherente con los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional. Según Cortés, es fundamental que los trabajadores cuenten con todas las herramientas necesarias para defender sus derechos y lograr un equilibrio en la sociedad, especialmente entre el capital y el trabajo.

En tanto, Yerko Ljubetic afirmó que limitar el derecho a huelga sería un retroceso inaceptable, además de infringir disposiciones de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Chile ha suscrito. Ljubetic ha destacado que el anteproyecto constitucional cuenta con una base sólida de acuerdos, lo cual permitiría un debate democrático para regular estos derechos de manera razonable, sin retroceder a la situación actual.