​La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, anunció el lunes pasado que el Gobierno está dispuesto a entablar un diálogo con los pobladores de Machu Picchu, quienes protestan desde hace cinco días por el cambio en la venta de entradas al emblemático monumento, bloqueando el acceso al mismo. La ministra expresó su disposición a viajar a Machu Picchu para conversar, siempre y cuando los manifestantes levanten la huelga.

​En una entrevista en la emisora RPP, la ministra Urteaga señaló que entiende las preocupaciones del alcalde de Machu Picchu y de los grupos que se oponen al cambio en la venta de entradas. Instó al alcalde a comunicarse con los representantes y reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar una vez que la huelga sea levantada.

​El Colectivo popular del distrito de Machu Picchu y comunidades, autodenominado, instó a la ministra a "declarar la nulidad del contrato" para la venta virtual de entradas. Además, anunciaron que aceptarán la instalación de una mesa de diálogo inmediatamente después de la anulación del contrato.

​La ministra Urteaga rechazó la posibilidad de volver al sistema anterior de venta de entradas, explicando que la plataforma actual tiene medidas de seguridad y candados que la anterior no poseía. Afirmó que la petición de anular el contrato con la empresa actual es técnica y legalmente compleja.

​El distrito de Machu Picchu se encuentra paralizado sin la presencia de turistas, mientras los pobladores rechazan la propuesta del Ejecutivo de instalar una "mesa técnica de diálogo". Tras una reunión del Colectivo popular, se emitió un comunicado de rechazo y se anunció la radicalización de la huelga indefinida.

​El pronunciamiento del Colectivo insistió en la exigencia de anular la entrega de la venta de entradas a una empresa privada y advirtió sobre la radicalización de la huelga. Se responsabilizó a las agencias de turismo de cualquier incidente, especialmente aquellas que envíen turistas al distrito de Machu Picchu durante el paro.

​La ministra Urteaga, en respuesta, destacó que no se puede volver a una plataforma que representa corrupción y detalló que el sistema anterior no contabilizaba hasta 80,000 boletos al año, ocasionando una pérdida anual de 7.5 millones de soles (1.9 millones de dólares).