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El reciente caso ocurrido en Iquique, donde un menor de 13 años fue víctima de maltrato sistemático, torturas y condiciones de esclavitud dentro de su propio hogar, ha generado conmoción nacional y reabierto el debate sobre las eficiencias del sistema de proteccióna la infancia en Chile. La situación expuso la falta de fiscalización tras la entrega de su custodia por parte del Juzgado de Familia, así como la necesidad de revisar los actuales mecanismos de prevención, denuncia y sanción frente a este tipo de delitos.
En respuesta, y como representante de la Región de Tarapacá, la diputada Danisa Astudillo (PS) presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone endurecer las penas para el maltrato habitual, la trata de personas y el tráfico de migrantes, además de establecer plazos más estrictos para cumplir con la obligación de denunciar cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
La diputada señala que "el caso del niño de Iquique expone cómo las penas actuales por maltrato habitual son insuficientes. La madrastra lo torturó durante meses, pero la ley no contempla castigos proporcionales. Es por esto de la importancia de este proyecto que aumenta las penas al máximo para delitos como maltrato y trata de personas".
Uno de los ejes clave de la propuesta es la obligación de denuncia para actores relevantes del sistema de salud, educación y función pública, con el objetivo de evitar que este tipo de situaciones permanezcan sin respuesta o fiscalización institucional oportuna.
En ese sentido, la subjefa de bancada PS añade que “los vecinos del niño grabaron los golpes y actuaron. Pero muchos casos quedan en silencio. El proyecto obliga a funcionarios públicos, profesores y médicos a denunciar inmediatamente cualquier sospecha de abuso".
Desde que se conocieron los detalles del caso, la diputada Astudillo ha tomado acciones legislativas concretas desde el Congreso, reiterando la urgencia de revisar y fortalecer los mecanismos del Estado en materia de protección de la infancia. El proyecto busca contribuir a una legislación más firme y efectiva, que permita prevenir, sancionar adecuadamente y evitar que más niños y niñas sufran situaciones de vulneración extrema sin que exista una respuesta oportuna.
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